VERGÜENZA NACIONAL

A nuestros hermanos Centroamericanos.

Leo en un periódico:

“…el gobierno mexicano reiteró la exigencia de una investigación imparcial y a fondo… y agregó que seguirá de cerca las investigaciones a nivel local y federal.

“También reitera que exigirá la cabal aplicación de la ley y de sanciones a quienes pudiesen resultar responsables y reclama que las autoridades estadounidenses tomen medidas… "

Sí. Esta demanda del Gobierno mexicano es por la muerte de un migrante mexicano en el mes de mayo de este año. Justa demanda.

Pero, ¿Con que cara el gobierno- y nosotros los mexicanos- podemos responder a los mismos cuestionamientos de los familiares de los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas?

Responder a los Embajadores de 24 países de América Latina y el Caribe (GRULAC) quienes manifiestan su tristeza e indignación y piden que se investigue hasta las últimas consecuencias el asesinato en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.

“Esto no puede pasar, no puede ocurrir más” dicen ellos… decimos nosotros.

No podemos criticar y exigir al país del norte sobre la seguridad y derechos humanos de nuestros migrantes, sin comprometernos a proteger, como lo exigimos, a los migrantes de los países de Centroamérica, principalmente.

Duele no tener respuestas concretas y contundentes.

Los embajadores de los países de Centro y Sudamérica aseguran que integrarán una comisión particular secundados por todos los embajadores, y coinciden en que la violencia está generalizada y lamentan mucho que se llegue a estos extremos. .

El gobierno de Ecuador presentó, ante la Fiscalía General, una denuncia para que se investigue la muerte de un ecuatoriano en el marco del asesinato múltiple.

El gobierno de Honduras solicitó el esclarecimiento del horroroso crimen donde fallecieron hermanos hondureños, y pide a las autoridades mexicanas que esclarezcan con la mayor celeridad posible las circunstancias en que perdieron la vida los 72 migrantes.

El Vicecanciller de este país señaló que si se continúa descuidando este tema la próxima vez no serán 72, serán 100, 200, 300,… serán miles de inmigrantes en los próximos años.

La cancillería guatemalteca condenó enérgicamente cualquier tipo de violencia que atente contra la vida e integridad física y moral del ser humano y, especialmente, del migrante.

La red de agrupaciones de inmigrantes en Estados Unidos dice que estos asesinatos muestran el grado de salvajismo que puede alcanzar el crimen organizado.

La Alianza Nacional de Comunidades de Latinoamérica y el Caribe (NALACC) manifestó que el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres representa la mayor escalada de la ola de violencia que vive México hasta ahora.

Los representantes de los países de origen de los migrantes solicitaron a las autoridades mexicanas agilizar y profundizar el proceso de identificación de los cadáveres ya que es de la mayor importancia que se logre la repatriación de los cuerpos para disminuir la incertidumbre de las familias de las víctimas.

Pero no con ello la incertidumbre termina: ¿Qué hacer con los cuerpos que las autoridades no logren identificar? ¿Qué pasará entonces con su destino? ¿Será necesaria una fosa común? ¿Responderemos con esto a las exigencias de los familiares de aquellos que no tuvieron la dicha de llevar un documento que acredite su nacionalidad?

Y otra pregunta aún no totalmente resuelta: ¿Hay mexicanos dentro de los asesinados?

Todo esto es motivo de vergüenza nacional y demuestra la ineficacia, la impunidad y la complicidad que corroen la vida institucional del país. Nos hacen sentir la impotencia.

El gobierno mexicano, como lo exige a otros países, debe hacer "una investigación imparcial y a fondo" pero, sobe todo, debe localizar y castigar a los culpables realizando acciones que eviten que esto se repita; y hacer un trabajo diplomático al más alto nivel, para mantener informados a los demás gobiernos involucrados, evitando intervenciones.

Debe cuidarse la identificación y los gastos que implique llevar los cuerpos a sus países.

Los tratados internacionales estipulan que debemos a dar a los migrantes el mismo trato que se da a los nacionales. Por ello, gobierno y ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de establecer condiciones de respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes, aunque sean ilegales o indocumentados.

La obligación constitucional de garantizar seguridad a la ciudadanía no se ha cumplido a plenitud y este proceso de corrosión debe ser atendido ya, antes de que el hartazgo social busque desesperadamente otras salidas. Están amenazadas dos de las condiciones fundamentales de la vida de la Nación: el estado de derecho y la gobernabilidad.

Sí, es hora de convocar a la unidad, de llamar a la concordia por encima de nacionalidades, colores y partidos; de no bajar la guardia, de perseverar, no dar tregua.

Pero también es hora de cambiar, de emprender una cruzada firme por la dignificación en la impartición y administración de justicia; de hacer de la ley un arma al alcance de las víctimas del delito, no de los delincuentes; de reforzar y respetar la garantía constitucional de los derechos humanos.

Es hora inclusive, de repensar el modelo de país que anhelamos los mexicanos.